En el caso de los países miembros de la Unión Europea, la legislación que desarrolla su política energética y climática integradas (medidas incluidas en el Paquete Verde) les exige el cumplimiento de tres objetivos 20 en 2020. Dichos objetivos se refieren a la reducción de las emisiones de gases causantes de efecto invernadero, a la participación de las energías renovables en la estructura de la energía final demandada y a la mejora de la eficiencia en el uso de la energía. Los dos primeros objetivos citados son de cumplimiento obligatorio, mientras que sobre el relativo a la mejora de la eficiencia no se ha concretado hasta la fecha su forma de exigibilidad.
Obviamente la probabilidad de éxito en el cumplimiento de dichos objetivos es distinta para los países miembros, en función de su estructura productiva y de la disponibilidad de recursos renovables (diferentes horas anuales de insolación, países con acceso directo al mar o interiores, etc.).
Por lo que respecta a España, la probabilidad de cumplimiento es alta por diversas razones: disponemos de abundantes recursos renovables para la producción de energía (hidráulicos, eólicos, solares, biomasa, geotérmicos, etc.); y fuimos pioneros en el desarrollo de algunas tecnologías renovables y en su utilización.
No obstante, la consecución de los objetivos mencionados requerirá de notables esfuerzos. El incremento de la participación de las energías renovables en la matriz de energía final implicará, por una parte, su mayor participación en la generación de energía eléctrica y, por otra, la parcial electrificación del transporte. La consecución de este objetivo requerirá la realización de importantes inversiones en red y tendrá como consecuencia la infrautilización de energías convencionales aportadoras de potencia de respaldo, amén de un cierto desequilibrio en la estructura histórica de nuestra energía final.
También se debe señalar que todas las categorías de energía jugarán su papel en el futuro, incluyendo las energías fósiles, tanto en su utilización en el transporte (nuevos motores de combustión interna de alta eficiencia y muy próxima disponibilidad) como en la producción de energía eléctrica. En este último caso, el desarrollo de la tecnología de captura y almacenamiento de CO2 resultará fundamental, principalmente en lo que a la utilización del carbón se refiere.
Por otra parte, el desarrollo de tecnologías renovables, en concreto de la energía eólica, se vería muy beneficiado con la plena realización del mercado interior de la energía, es decir, con el desarrollo de interconexiones suficientes de energía eléctrica con Francia. Las interconexiones de gas natural con el continente también favorecerían la comercialización del gas, considerando que su consumo se verá afectado por la infrautilización de las centrales térmicas y los ciclos combinados de gas natural, que deberán proporcionar la potencia de respaldo a las nuevas energías. Esta infrautilización origina además dificultades económicas a los propietarios de las instalaciones, muchas de las cuales fueron construidas con una determinada expectativa de retorno que, en la actualidad, no se puede lograr.
Por lo que respecta a la energía nuclear (que no emite gases de efecto invernadero), podría llegar a ser una de las energías renovables del futuro, considerando la evolución de la tecnología de procesamiento de los residuos para su reutilización. En todo caso, la participación de esta tecnología en la generación de energía eléctrica en España debería mantenerse, e incluso aumentarse, para lo cual resulta urgente una decisión política sobre la continuidad de su utilización. Una decisión positiva implicará la inmediata puesta en marcha de proyectos de nuevas centrales que sustituyan a las actuales que deberán salir de servicio a finales de esta década. Cabe apuntar aquí también que la inversión en dos nuevas centrales de 1.000 MW de potencia cada una, ascenderá a unos 10.000 ÷ 12.000 millones de euros. Dicha inversión sería afrontada por capital privado y contribuiría a la recuperación económica.
Los objetivos arriba analizados se refieren fundamentalmente a uno de los tres grandes pilares de la política energética y climática de la UE, en concreto al de la sostenibilidad. También, su cumplimiento favorecería la seguridad de suministro y la menor dependencia del exterior, como consecuencia del aumento de la utilización de recursos autóctonos. Sin embargo, deben hacerse compatibles con la necesidad de aumentar la competitividad del tejido empresarial europeo, que necesita disponer de energía a precios competitivos en el marco de una economía globalizada.