Con Iñigo del Guayo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería y Counsel de White&Case; Antonio Jiménez-Blanco, catedrático de Derecho Administrativo de la UPM y Counsel de A&O Shearman; Marina Serrano, presidenta de Aeléc; Mariano Bacigalupo, ex consejero de la CNMC y ex director del Servicio Jurídico de la CNE; Carlos Vázquez, socio de Gómez-Acebo&Pombo; Hermenegildo Altozano, socio de Pinsent Masons, y Vicente López-Ibor, presidente de AEDEN.
Durante la sesión, se analizó el reglamento sobre la reforma del mercado eléctrico, que tanta relevancia tiene para el devenir del Mercado Interior Europeo y su competitividad.
Este seminario se une a otros encuentros realizados sobre esta cuestión a lo largo del último año, donde han participado representantes del Gobierno, el Parlamento, la Comisión, el Operador del Mercado, asociaciones europeas, consumidores, empresas españolas, y otros agentes, para promover el debate abierto y conocer sus diferentes puntos de vista.
Ahora, según se destacó en este evento, estamos en un momento y contexto diferente, ya que acaba de ser aprobado el Reglamento, con más valor social y mayor foco sobre el consumidor. Uno de los puntos fundamentales de la reforma es proteger al consumidor del efecto de la volatilidad de precios y ante posibles nuevas crisis energéticas, dotarle de mayor información y transparencia a la hora de tomar sus decisiones.
Otros dos objetivos clave de la reforma son: primero, continuar garantizando que el mercado sea capaz de dar una señal de precios adecuada para la operación eficiente del sistema. Y segundo, que sirva para retribuir los activos de generación y atraer nuevas inversiones, de cara a un mayor despliegue de energías renovables, en línea con el impulso esperado a la transición energética.
En la jornada también se habló, entre otros temas, del carácter transversal de esta reforma, que supone un avance hacia los objetivos de la transición energética, los de sostenibilidad, y medioambientales, con un importante consenso entre los Estados miembro.
Además, se hizo referencia a la amplitud de aspectos que abarca, incluyendo los acuerdos de compra de energía a largo plazo (PPAs), los contratos por diferencia (CFDs), mecanismos por capacidad, flexibilidad, almacenamiento, protección a consumidores vulnerables, instrumentos para futuras crisis de precios o mayor ajuste de la demanda (aplanamiento picos de consumo), entre otros.
De acuerdo con los ponentes, en definitiva, se trata de un reglamento coherente, gradual, transversal, con cierto consenso en que la reforma garantiza los principios del mercado a corto plazo, complementándolo con herramientas a largo plazo.