
Carlos Redondo, subdirector general de Energía Eléctrica del Miteco, dijo que en los últimos años se ha producido un incremento de la defraudación al consumo. Existen varios tipos de fraude, uno, el asociado al cultivo de marihuana que ha aumentado mucho en los últimos años, generando problemas sobre el suministro de energía eléctrica, que afecta a las infraestructuras. Dos, el fraude industrial, y, por último, el fraude de unidades familiares en situación de vulnerabilidad. Es el más pequeño en volumen de energía. Tiende a contaminar la discusión de cómo tratar los otros dos. En este último caso, la solución podría venir de la intervención de la política social.
Para hablar sobre la defraudación de fluido eléctrico y sus consecuencias, y del tratamiento penal en España y su comparativa internacional, contamos con: Irene Bartol, SG de Aseme; Leonardo Hervás, DG de Cide; Jesús Fernández, director de Gestión de Accesos y Clientes de Edp; José Manuel Revuelta, DG de Redes de Endesa; Álvaro Ryan, responsable de Regulación de I-DE (Iberdrola); Juan José Picón, director de Servicios Jurídicos y Regulación de UFD Naturgy; Juan José Torres, abogado del Estado en excedencia y socio de Roca Junyent; Elena Cogollo, capitana de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil; Ramón Chacón, comisario de los Mossos D’Esquadra; Carlos González, profesor asociado del Departamento de Energía Eléctrica de la Universitat Politècnica de Catalunya, y Josep María Guinart, abogado y ex consejero de la CNMC. Moderadores: Manuel Delgado y José María Camarero, redactor de Economía de la Agencia Colpisa. Los expertos destacaron:
La defraudación eléctrica es una problemática que va más allá del sistema eléctrico y que necesita la implicación de otros actores. Además, resaltaron, entraña un peligro para las personas con amplios riesgos como la electrocución o los incendios, además del riesgo de la interrupción de suministro.
Se ha producido un incremento en los últimos años de la defraudación al consumo. Existen tres tipos de fraude: el asociado al cultivo de marihuana (el que más crece); el industrial y el del consumidor vulnerable (tratamiento diferente a través de política social). En relación a este último, se señaló que este tipo de defraudación no está principalmente ligada a la pobreza energética. Y se aportó el dato de que sólo el 2% se localiza en viviendas con un bajo consumo, potencia inferior a 3kW.
Se consideró que falta desarrollo normativo y actualización para dar garantías a las partes (distribuidoras y consumidores). El impacto del fraude repercute en los consumidores, de media, en 440 millones de euros/año (350 millones directos y 90 dejados de ingresar en impuestos) por cada un 1% de energía defraudada.
Hablaron de que se profesionaliza el fraude de marihuana, con colectivos organizados. Según un estudio europeo, en 2022, el 81% de las incautaciones de plantas, se produjo en España. El efecto llamada en España de este cultivo se produce por una legislación más laxa en comparación con otros países de nuestro entorno, y un alto grado de rentabilidad. El precio de la marihuana en España es, como mínimo, cinco veces menor que en otros países europeos. España es el principal productor de marihuana de Europa.
En cuanto a las posibles soluciones, señalaron una legislación en línea con otros países europeos para ser más disuasorios; mayor supervisión y revisión de las infraestructuras; colaboración con la administración y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; mayor agilidad para intervenir; formación y comunicación para tomar mayor conciencia de una problemática que nos afecta a todos.
Clausuró la jornada José Luis García, gerente del Área de Barrios del Ayuntamiento de Sevilla. Habló del problema de seguridad de suministro para los barrios derivado de los enganches ilegales. Abogó por aumentar las penas y por separar el enganche ilegal de algunos consumidores vulnerables del fraude masivo de las plantaciones indoor. Importante la cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.