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Electricidad

Sector Eléctrico

(Fuente: Asociación de Empresas de Energía Eléctrica - aeléc)

La regulación del sector eléctrico en 2020, sin duda, viene marcada por los efectos de la pandemia sanitaria a la que nos toca hacer frente. Tras la declaración del estado de alarma pronto se adoptaron toda una serie de medidas urgentes para hacer frente a la situación y, en concreto, en lo que respecta al sector eléctrico, las medidas adoptadas más relevantes fueron de carácter social y económico para mitigar sus efectos. Además, los datos del balance eléctrico de este año también muestran un cambio sustancial como consecuencia de la caída de la demanda, con una mayor participación de la generación renovable de electricidad en la cobertura de la misma, que anticipan los cambios que se van a producir en los próximos años.

Novedades regulatorias en 2020
Las medidas regulatorias más destacables en este año son las relacionadas con la pandemia, por su carácter excepcional y que esperamos que no sea necesaria su repetición. A través del Real Decreto-ley 11/2020 y de la Orden SND/260/2020 se aprobaron una serie de medidas al objeto de laminar los impactos negativos que afrontan hogares y empresas como consecuencia del impacto en la economía que está teniendo la pandemia. Estas medidas pueden resumirse de la siguiente forma: i) se prorrogó el bono social y al mismo tiempo se definieron nuevas categorías para ampliar el colectivo con derecho al mismo; ii) se prohibió la suspensión del suministro de electricidad a los consumidores que tuviesen la condición de vulnerables; iii) se flexibilizaron los contratos de suministro de electricidad para autónomos y empresas; iv) se incluyeron en los Presupuestos Generales del Estado las partidas correspondientes para compensar la reducción de ingresos generadas por estas medidas; v) se extendieron los derechos de acceso que caducaban para poder finalizar los proyectos renovables en curso; y vi) se suspendió la activación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad por criterios económicos.

No obstante, la actividad regulatoria ha seguido su curso con el desarrollo del marco normativo que hace falta para asegurar el cumplimiento de los objetivos que nos hemos fijado para alcanzar la neutralidad climática en 2050. La base de este marco la forman el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que fija los objetivos de descarbonización, de eficiencia y de renovables a 2030. A esto debemos añadir la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP), aprobada en el mes de noviembre, que da continuidad a la trayectoria y a las vías para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero establecidos en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

En apoyo a este marco se han aprobado diversas medidas, como las contenidas en el Real Decreto-ley 23/2020, cuyo objetivo es el de asegurar que el sector eléctrico da cumplimiento a los objetivos para alcanzar una producción renovable del 74% en 2030 y el de permitir que los consumidores desempeñen un papel más activo para acelerar su proceso de descarbonización. Concretamente, se aborda la regulación sobre los permisos de acceso y conexión, esenciales para dar entrada a todas las renovables previstas para la próxima década - con un total de 64 GW de nueva capacidad - al racionalizar el proceso de las solicitudes y completarse con los reglamentos correspondientes. A este proceso de acceso y conexión se le une otro de los puntos destacados este año como es la aprobación de un nuevo modelo de subastas para las renovables en el Real Decreto 960/2020, basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía, que permite además distinguir entre distintas tecnologías. Finalmente, el Real Decreto-ley 23/2020 introduce nuevas figuras que van a formar parte de la actividad del sector como son el almacenamiento, los agregadores independientes y las comunidades de energías renovables y se adoptan medidas para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico al permitir que el superávit acumulado pueda usarse para cubrir desajustes de 2019 y 2020.Por su parte, en la actividad de transporte y distribución merece la pena destacar el incremento del límite máximo de inversión retribuíble en transporte y distribución en el periodo 2020-2022, pasando del 0,065% al 0,075% y del 0,13% al 0,14% del Producto Interior Bruto (PIB), respectivamente, para paliar los efectos de la crisis económica en los planes de inversión que hacen falta para que la actividad de redes esté preparada para integrar las nuevas renovables, fomentar los nuevos modelos de negocio y las nuevas tecnologías y, en definitiva, para adaptar la red al nuevo entorno que va a caracterizar la operación del sector eléctrico, mucho más complejo.

Además, la configuración del sistema eléctrico para definir el sector al que nos dirigimos en esta transición energética continua su proceso de transformación. Para lo cual se han lanzado numerosas consultas y se han aprobado estrategias y hojas de ruta que van introduciendo todos los elementos que formarán parte de este nuevo sector.

Comenzábamos el año con la aprobación del Consejo de Ministros, el 21 de enero, del acuerdo de Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España comprometiéndose a adoptar 30 líneas de acción prioritarias para combatir el cambio climático con políticas transversales. Esta Declaración se ha realizado en respuesta al consenso generalizado de la comunidad científica que reclama acción urgente para salvaguardar el medioambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía.
En la Declaración, el ejecutivo se comprometía a ejecutar diversas acciones, como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, a la que acompañaron la Estrategia de Transición Justa, la Estrategia de Pobreza Energética y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Todos ellos constituyen el marco de planificación básico para promover la acción coordinada frente a los efectos del cambio climático, con importantes implicaciones para el sector eléctrico al ser el vector de la descarbonización durante la transición.

Por otro lado, también durante el 2020 se han desarrollado diversas estrategias, hojas de ruta y disposiciones legislativas, como: la “Hoja de ruta del hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable”, la “Estrategia de Autoconsumo” o la “Estrategia de almacenamiento energético”, que ponen en marcha las medidas del PNIEC 2021-2030. Todas esas medidas cuantifican los objetivos a 2030 con aspectos concretos de reducción de emisiones, de integración de renovables y de eficiencia energética, y se completan con la Estrategia de Transición Justa y la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que pretenden mitigar los impactos y ofrecer alternativas a todos aquellos a los que la transición afecte de manera específica y sean tenidos en cuenta. La visión a largo plazo se culmina con la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050, que aporta la hoja de ruta para avanzar hacia la neutralidad climática, aprovechando las oportunidades para la modernización y la competitividad de nuestra economía y asegurando que sea socialmente justa e inclusiva.
Acompañando a esta estrategia aparece un Anteproyecto de Ley para la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sector Eléctrico que propone el reparto de los costes de financiación de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE) entre los principales vectores energéticos y que se debatirá en el Congreso de los Diputados en 2021.

Por último, desde Europa destacamos el acuerdo alcanzado el 10 de diciembre entre los Estados Miembros para aumentar la ambición en la reducción de emisiones al 55% en 2030, desde el 40% fijado en el Paquete de Energía Limpia. Un hito que confirma la apuesta de la Unión Europea por la transformación de nuestra economía. Y, en esta misma línea, hay que resaltar la aprobación del Plan de Recuperación para Europa con el objeto de ayudar a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia de coronavirus, y liderar el camino hacia la salida de la crisis y que sentará las bases para una Europa moderna y más sostenible. Dentro de este Plan está incluido el NextGenerationEU, un instrumento temporal de recuperación dotado con 750.000 millones de euros que prevé destinar al menos un 30% a las políticas de cambio climático.

Toda esta nueva regulación está destinada a configurar un marco legislativo estable y predecible, que atraiga las inversiones necesarias para conseguir alcanzar los ambiciosos objetivos de descarbonización, con la incorporación masiva de las energías renovables y el desarrollo adecuado de las redes eléctricas y su digitalización. De forma que permita al sector reforzar su independencia energética y mantener un sistema eléctrico fiable y capaz de garantizar el suministro ante cualquier circunstancia.

Por lo que, en definitiva, finalizamos un año realmente intenso en lo que se refiere a la actividad normativa; en el que se unen las medidas necesarias para superar los efectos de esta crisis sanitaria y la creciente necesidad de adaptar el sector eléctrico para contribuir a la transformación de nuestra sociedad para hacerla más moderna, productiva y resiliente.

Balance eléctrico 2020
Pasando a comentar los datos del balance eléctrico, respecto a la demanda de electricidad, hay que destacar el impacto derivado de la COVID-19 durante la práctica totalidad del año, que provocó un descenso del 5,6% con respecto a 2019.

Si en años anteriores hemos venido comentando la falta de alineamiento de la evolución de la demanda eléctrica con respecto a la variación del PIB, por los menores crecimientos de aquella, en esta ocasión el desacoplamiento se manifiesta en un descenso de la demanda eléctrica muy inferior al descenso del PIB, que, en términos de volumen, según el avance de la contabilidad nacional correspondiente al cuarto trimestre, descendió en 2020 un 11% con respecto al año anterior.
En relación con la generación de electricidad es de reseñar que la reducción de la demanda no ha tenido un impacto tan significativo debido al saldo neto importador de los intercambios internacionales, lo que motivó que la producción nacional sólo se redujera en un 3,7%. En concreto, la producción neta de energía eléctrica en España en 2020 fue de 251.160 GWh, valor en unos 9.669 GWh inferior al del año anterior.

El 2020 fue un año con más precipitaciones que 2019, lo que llevó a un aumento de la producción hidráulica del 23,6%, al que habría que añadir el aumento del 66,9% de la producción de las centrales de bombeo. También se produjo un significativo incremento de la producción fotovoltaica, de un 65%. Estos aumentos vinieron a compensar los descensos de la producción de las centrales de ciclo combinado, de un 20,3%, y de la producción térmica de carbón, que fue, como en 2019, la tecnología que más redujo su producción, un 60,4%. Por su parte, la generación nuclear, fue un año más la tecnología que más aportó al mix eléctrico nacional, un 22,2%, al igual que en 2019 a escasa distancia de la contribución eólica, un 21,9%.

La producción de las tecnologías renovables, de cogeneración y residuos ascendió a 140.149 GWh en 2020, un 8,5% superior al año anterior. De esa cantidad, el 80% correspondió a las energías renovables y el 20% restante a la cogeneración y al tratamiento de residuos. En este segmento, la tecnología con mayor cuota fue la eólica, que aportó 54.879 GWh. Asimismo, resultó reseñable el incremento de la producción solar fotovoltaica, de unos 6.000 GWh, motivado por la instalación de 2.600 MW de nueva potencia.

La producción a partir de fuentes renovables alcanzó un 45% de la producción total. Y si se incorpora la nuclear, tenemos que el 67% de la producción de electricidad en 2020 fue a partir de fuentes libres de emisiones de CO2, un récord histórico. Las emisiones de CO2 asociadas a la producción eléctrica se redujeron en un 27,3% respecto a 2019.

Tal y como se ha comentado, la generación se redujo un 3,7%. En cuanto a los intercambios de electricidad realizados con Francia, Portugal, Andorra y Marruecos, al igual que el año anterior, el sistema eléctrico español tuvo un saldo neto importador, aunque notablemente inferior, de 3.280 GWh, es decir, un 52% inferior al saldo de 2019.

Pasando a comentar la estructura del parque generación, hay que comenzar señalando que la demanda máxima del sistema peninsular alcanzó los 40.423 MW, en enero, y estuvo un 11% por debajo de la máxima histórica alcanzada en 2007.

Por su parte, la potencia neta instalada en España en 2020 apenas registró variaciones con respecto a 2019, alcanzándose los 110.111 MW. Las altas en instalaciones de energía solar fotovoltaica, 2.633 MW, y de energía eólica, 1.383 MW, compensan la disminución de la potencia instalada en centrales de carbón, que descendió en 3.950 MW.

Las instalaciones de energía eólica, con un 24,7%, han superado a los ciclos combinados, con el 23,8%, como la tecnología con mayor cuota de potencia instalada, seguidas por las centrales hidroeléctricas con el 18,5%.

En cuanto al número de horas de funcionamiento de las centrales por tecnologías, durante 2020 destacaron como es habitual el parque nuclear con 7.834 horas, seguido por la cogeneración, con cerca de 5.000 horas. Las centrales de carbón sólo funcionaron en promedio 876 horas.

Perspectivas en 2021
Pasando a comentar la actividad regulatoria eléctrica para 2021, hay que comenzar destacando las acciones del Gobierno en política energética para avanzar en el cumplimiento de los objetivos fijados a 2030.

El destino de los Fondos Europeos de Recuperación, Transformación y Resiliencia va a contar con un protagonismo destacado en lo que se refiere a las iniciativas del sector eléctrico. Estos fondos irán principalmente destinados a impulsar la recuperación económica a través de inversiones significativas en tecnologías renovables, almacenamiento o redes eléctricas, lo que representa una oportunidad sectorial por su condición de sostenibilidad. A este respecto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya ha lanzado diversas expresiones de interés en el ámbito de las infraestructuras energéticas, las renovables y la creación de empleo en el ámbito territorial de convenios de transición justa que permitirán orientar las actuaciones a la hora de movilizar los fondos del Plan de Recuperación.

Pero, al margen de estas iniciativas, el desarrollo normativo sigue su curso con otras medidas de gran calado en el sector en su conjunto. En primer lugar, el ya mencionado Anteproyecto de Ley para la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sector Eléctrico, ya con efectos en 2021. La aplicación de este fondo detraerá costes del sistema eléctrico progresivamente hasta 2025, que pasarán a ser financiados por los sectores del petróleo y del gas natural, hasta reducir la aportación del sector eléctrico en casi el 50% de los aproximadamente 7.000 millones de euros anuales que supone el RECORE.

Por otra parte, como desarrollo del Real Decreto 960/2020 que regula el régimen económico para la instalación de renovables, el 26 de enero se celebró la primera subasta con la adjudicación de un total de 3.034 MW de nueva capacidad renovable a las tecnologías solar fotovoltaica y eólica terrestre. Esta es la primera subasta que se celebra bajo esta nueva regulación y no se descarta la convocatoria de más subastas a lo largo del presente año.

Para su correcto desarrollo esta capacidad se apoyará en dos normas fundamentales aprobadas recientemente; por un lado, el Real Decreto 1183/2020 de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica y, por otro, la Circular 1/2021, por la que se establece la metodología y condiciones del acceso y de la conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones de producción de energía eléctrica, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Estas dos normas fijan un procedimiento ordenado para la incorporación de las energías renovables y la hibridación o repotenciación de las existentes en la asignación de capacidad de acceso a la red eléctrica.

Desde el lado del consumidor también contaremos con importantes novedades. A la Circular 3/2020 que establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad, de la CNMC, se unirá el Real Decreto por el que se establece las metodologías de cálculo de los cargos del sistema eléctrico, para conformar la nueva metodología de tarifas de acceso que cuenta, como novedad, con nuevas categorías tarifarias y con el establecimiento en todas ellas de periodos con precios diferenciados que enviarán señales al consumidor sobre el uso de la red.

En relación a las redes se espera la aprobación de la Circular de información regulatoria de costes para la obtención de toda aquella información que resulte necesaria para el cálculo de la retribución de las redes de distribución.

Finalmente, cabe destacar que aún se tiene que transponer al ordenamiento jurídico español la nueva Directiva del mercado interior de la electricidad, en la que se destacan tres ejes fundamentales: un mercado eléctrico que permita la incorporación masiva de renovables, el papel más activo de los consumidores para avanzar en la electrificación y la importancia de la gestión de los distribuidores como facilitadores neutrales de la conexión de la generación y la gestión de la demanda.

(Fuente: Asociación de Empresas de Energía Eléctrica - aeléc)

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